A medida que los efectos del COVID19 se dejan notar en todos los ámbitos de nuestras vidas, se manifiesta de manera más acusada en el ámbito laboral con un aumento de las irregularidades, ilegalidades, exigencias, presión o ERTES.
El ámbito educativo no iba a ser menos y están a la orden del día las horas no remuneradas que se están exigiendo a muchos docentes para impulsar las clases online y demás herramientas virtuales, pretendiendo una normalidad inexistente e ignorando que la mayoría tienen familiares dependientes o enfermos; por no mencionar el estrés dañino al que están siendo sometidos. En muchos casos se ignora que el entorno laboral del que el profesor dispone en su casa no es el más idóneo o se procede a ejercer una gran presión para que el docente acuda a su puesto de trabajo -sin los protocolos de protección y epis- y pueda ofrecer así sus servicios.
Al mismo tiempo, el trabajo poco a poco invade la intimidad de los profesores: se multiplican los grupos de WhatsApp y mensajes -con la consecutiva exigencia de respuesta inmediata- para garantizar un funcionamiento óptimo de las aulas virtuales, convirtiendo los dispositivos móviles en una suerte de panóptico que ejerce un control total sobre el trabajador o la trabajadora, a los que se les presupone una disponibilidad total para con la academia o centro en el cual esté empleado o empleada.
Los correos a cualquier hora del día a menudo suponen otro gran problema logístico, pues la imposibilidad de responder con rapidez y de manera adecuada a todos ellos puede también provocar conflictos tanto con el alumnado como con superiores.
Deben ser señaladas también las reuniones virtuales, las horas de preparación y las propias clases, cuyo tiempo en muchos casos no ha variado y que ha supuesto un traslado de la jornada laboral a una telemática sin alteraciones, es decir, sin descansos y exigiendo mantener la misma metodología que se sigue en las clases presenciales, avanzando temario, evaluando o siguiendo las mismas dinámicas, olvidando que los docentes se encuentran en la misma situación de confinamiento y vulnerabilidad y que es inviable no variar en un ápice la manera de impartir las clases.
La consecuencia es fácil de deducir: un estrés absoluto y la necesidad de invertir tiempo extra en unas tareas que deberían ser desarrolladas dentro del horario laboral establecido, cuyo resultado es que no exista la posibilidad real de poder rechazar o desconectar del trabajo.
La enseñanza no reglada, ámbito donde operan la mayor parte de las academias en España, se ha convertido en un nido de precariedad y abusos de todo tipo. Al no contar con el paraguas garantista del que se benefician los profesores de los centros públicos, aunque también de los privados y concertados, las situaciones de vulnerabilidad son el escenario habitual al cual se enfrentan muchos trabajadores y trabajadoras que tienen en este sector del mercado laboral su fuente de ingresos y a los cuales ni siquiera se les considera docentes ‘’reales’’, igual de valiosos y necesarios en la educación y formación de las nuevas generaciones.
A menudo se ignora que los estudiantes pasan de las aulas del colegio a las de una academia donde los profesores les ayudan a mejorar el entendimiento respecto a las asignaturas que imparten en los centros educativos, sirven como apoyo y continúan con la formación y educación de un alumnado aún menos predispuesto a continuar en un aula y que se traduce a una situación aún más exigente para los profesores y profesoras. En lo que se refiere a lo llamado ‘’turismo idiomático’’ o ‘’turismo lingüístico’’, el sucesivo aumento de la demanda de clases de inglés o español para extranjeros es, si cabe, un foco aún mayor de abusos.
Si hubiera un escalafón en el ámbito educativo, los profesores de la educación no reglada se encontrarían en el último escalón, siendo de los más precarios de todo el sistema y que además se enfrentan al clasismo de sus compañeros de gremio y exigencias de la clientela.
Desde la uberización del sector a contratos semifraudulentos y condiciones laborales que dejan mucho que desear: salarios bajos, pocas horas, sin libertad para elegir los horarios haciendo difícil compaginar estudios superiores e incluso otros empleos a pesar de estar empujados a ello para mejorar su situación laboral y salarios, sin capacidad para fijar el precio de sus servicios, cobrando lo mismo independientemente de la labor realizada, clases a la carta donde los estudiantes aprovechan su situación de ventaja para abusar de las condiciones del docente, ratio profesor-alumnos desproporcionada ignorando las recomendaciones europeas, despidos en los meses de verano… La lista de agravios parece interminable.
La lucha por una mejora de condiciones laborales es prácticamente inexistente salvo en contados casos. Una situación tan precaria y fraudulenta, unida al gran desconocimiento que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen de sus derechos, se traduce en una mayor desmovilización y en grandes abusos por parte de las diferentes consejerías de educación y empresarios, que se aprovechan de la inestabilidad, el miedo a la incertidumbre y el no tener qué llevarse a la boca para que sean los propios trabajadores los que defiendan y se autoimpongan su propia explotación.
Cris Claramunt
Yuri Ignatiev
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