SESIÓN 4. 6 DE AGOSTO 2020
Desde el sindicato CNT–Comarcal Sur Madrid se vienen realizando este verano del año 2020 un ciclo de video-debates sobre Racismo Estructural y Sistémico. En esta cuarta sesión nos acompañaron Yeimi Espinoza, de la Asociación Comunidad Hondureña en España; y Daniela Ortiz, activista peruana antirracista y decolonial. Aunque el vídeo está disponible para verlo en nuestro canal de youtube, queremos compartiros también esta reseña para quien prefiera acercarse a este temática a través de una ligera lectura veraniega. Ya tiene fecha el próximo evento de este ciclo, que se podrá visionar en directo el jueves 13 de agosto a las 19h, y que contará con la participación de Aurora Ali, activista musulmana por los derechos humanos, y Zenib Laari, igualmente activista antirracista en el Estado español.
Asociación de la comunidad hondureña en España, lucha social de migrantes desde el antirracismo y el feminismo organizado.
Esta asociación se crea en 2016 con un enfoque reivindicativo de la lucha social ya que como personas migrantes encuentran multitud de problemas en el Estado español. Situación complicada día tras día por su condición de migrantes, y que deciden como comunidad hondureña establecer una red de contacto y apoyo. Nacen el 6 de marzo de hace cuatro años frente a la Embajada de Honduras en Madrid, en una concentración en repulsa por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Inicialmente solicitaban esclarecer la situación de su asesinato, ejerciendo una presión internacional organizada, y además no pueden olvidar la situación en la que se encuentra su país y que fueron desde allá desplazadas por un conjunto de situaciones sociales y económicas desigualitarias.
Tratan de llegar a las personas que no logran acceder a servicios sociales por no estar regularizadas, esclarecer la situación de aquellas personas que sufren la restricción de ayudas ante situaciones de vulnerabilidad porque el Estado español se las niega al no tener los papeles en regla. Se crea un mercado con las citas administrativas y la documentación para adquirir determinados derechos y papeles para la regularización. Las administraciones públicas y algunas mafias mercantiles hacen negocio con estas citas burocráticas, y con los documentos a presentar al Estado español para conseguir esa regularización. Se maquillan todas estas situaciones desviando la mirada hacia el siguiente nivel legal, muchas veces se culpan a las políticas europeas de situar estas limitaciones, cuando son los estados nacionales particularmente los que enmarcan esa violencia estructural racista.
Conforman esta asociación personas migrantes no regularizadas, luchan día tras día en base a experiencias propias. Con el tiempo han creado alianzas con otras plataformas y colectivos migrantes para hacer una presión mediática y legislativa. Incidir en las políticas del Estado español hacia las personas racializadas es el objetivo. Sus actividades son también la de difusión de la cultura hondureña y rescatar a los pueblos originarios del olvido, así como las luchas que se están llevando en Honduras para darles visibilidad en el Estado español. Dar a conocer, por ejemplo, a la comunidad garífuna, una sociedad negra en la región del norte de Honduras, y que recientemente han secuestrado a tres de sus dirigentes porque les quieren despojar de sus playas para hacer complejos hoteleros en la costa. Reivindicar la cultura hondureña alejada del cliché de lo exótico, acercarse a la misma profundizando en su riqueza y las vidas colectivas que hay detrás de estas culturas. Promueven igualmente una cultura por la igualdad de género; cientos de mujeres están invisibilizadas tras economías del hogar y explotadas doblemente por su condición de estar racializadas y sin regularizar. Siete de cada diez personas hondureñas migradas son mujeres.
Esta pandemia ha puesto el enfoque en la enorme desigualdad que existía ya previamente en el Estado español, los distintos sucesos hacia las personas migrantes que se han visto agravados por las situaciones aún de mayor desigualdad que se han desatado con la emergencia social y sanitaria. Entre los servicios esenciales en el pico de la pandemia estaban los cuidados en el hogar, las trabajadoras que cuidan a menores y mayores han sido reconocidas como actividad esencial en plena pandemia, pero el Estado español se niega a reconocer los derechos laborales de este trabajo esencial y llevado a cabo fundamentalmente por mujeres migrantes. Solicitan tener una cotización por prestación de desempleo, y otra serie de derechos para que los cuidados se sientan como una actividad laboral, no como un servicio que se hace por amor y por sensibilidad. Gran parte de la mano de obra migrante se utiliza mientras sirven a los intereses de familias adineradas, con situaciones de explotación completamente precarias. También se reivindica una situación digna para los jornaleros del campo, como por ejemplo la muerte de un trabajador nicaragüense tras sufrir un golpe de calor por realizar su actividad laboral en Murcia a más de cuarenta grados de temperatura. Este jornalero fue abandonado en un centro de salud, donde murió finalmente. La muerte de estos jornaleros es la punta del iceberg a unas condiciones generales de explotación, habitando viviendas infrahumanas y fomentando la rivalidad entre los trabajadores migrantes.
No existe ningún tipo de acciones que protejan a estas personas migrantes, no son casos aislados, es una violencia estructural, son políticas creadas para fomentar deliberadamente estas situaciones de explotación. En esta asociación comparten sus experiencias para encontrar en el colectivo su fortaleza, enfocadas en el apoyo a la comunidad migrante. Organizaron la entrega de alimentos a familias migrantes durante la pandemia y que fueron desplazadas de los servicios sociales al no estar empadronados ni regularizados. Hicieron esta labor junto a las despensas solidarias y grupos de apoyo vecinal, experimentando nuevas acciones de organización social.
Daniela Ortiz, activista antirracista amenazada en el Estado español por su militancia decolonial.
Esta compañera peruana ha vivido 13 años en el Estado español, migrada recientemente de este país por amenazas de muerte tras su participación en espacios públicos mediáticos y llevar su mensaje antirracista y decolonial. Desde su trabajo artístico denuncia las políticas concretas estructurales del Estado español hacia las personas migrantes. Comenzó realizando activismo en la plataforma CIEs No, más tarde en el Espacio del Inmigrante, y también en las redes sociales. Daniela Ortiz denuncia que tan solo cuando sucede una muerte, es cuando se torna mediática una situación de extrema desigualdad y violencia que se perpetúa por la existencia de unas instituciones racistas. Denuncia igualmente las prácticas en los servicios sociales, que ejercen la quita de custodias de menores a familias migrantes a través de políticas patriarcales y racistas. Utilizan argumentos legales como que no tengan papeles en regla, que no tengan trabajo o que hayan vivido un desahucio. Estas situaciones son el 56% de los expedientes abiertos para revisar la quita de custodias, es decir, situaciones de precariedad que nada tienen que ver con situaciones de maltrato infantil.
El sistema racista no ha surgido de manera natural, sino pensado desde los aparatos estatales; toda una burocracia destinada a crear marcos legales para normalizar esa experiencia, o generar discursos racistas y la naturalización de la violencia racista. El control migratorio no surge de la nada, sino de leyes que son pensadas y preparadas para ejercer estas muertes en las zonas de frontera. Tanto las deportaciones, o el encierro de personas migrantes no son producto de prácticas del racismo social simplemente. Las violencias más graves no son solo los insultos concretos como ‘sucada’ o ‘negro’, sino el hecho de que exista una Oficina de Extranjería que tenga la capacidad legal y logística de deportarte, y retrasar trámites burocráticos para no poder obtener nunca los papeles. Los sectores progresistas solo han señalado durante años ese racismo cotidiano o verbal, pero no denunciaban este racismo institucional, mucho más perverso y con consecuencias muchísimo más graves. Hay que combatir toda forma de racismo, pero no invisibilizar determinadas cuestiones racistas señalando solo una parte del mismo. El racismo no es consecuencia de la ignorancia de las personas blancas en países del primer mundo, sino que son toda una serie de discursos, conocimientos y prácticas que se perpetúan y se enseñan en nuestras sociedades desde que somos pequeños.
El sistema de control migratorio opera a nivel de política global, no son cuestiones aisladas dentro del propio sistema, sino que estas políticas están interrelacionadas a nivel internacional. Por ejemplo, negando el acceso cultural y social a personas migrantes en los países a los que migran, robándoles toda autonomía para ejercer un empoderamiento individual y colectivo. Por ejemplo, no permitiéndoles acceder a puestos como profesores, un mecanismo de exclusión de la vida política y social. El Estado español genera el marco para estas políticas de violencia y muerte de personas migrantes, y es efectivo en su desarrollo porque es multicompetencial, son muchas las instituciones y los poderes políticos, económicos y mediáticos que trabajan conjuntamente para normalizar estas violencias contribuyendo entre todas las partes del sistema. Tanto las políticas europeas, las estatales y las autonómicas trabajan conjuntamente en esta apisonadora que es el racismo institucional y sistémico. Se construyen procesos de imposibilidad, por ejemplo, para la reagrupación familiar, las trabas se van sucediendo en todos los pasos institucionales ya sean a nivel local o a nivel global.
Personas que solicitan el asilo en el Estado español deben hacerlo dirigiéndose a la policía, es decir, la misma policía que en puestos fronterizos ejerce represión contra migrantes de manera criminal. El Estado español apenas aprueba peticiones de asilo, porque eso sería reconocer que se vulneran de manera sistemática derechos fundamentales como la vida en el contexto de otros países; mismos países con los que el Estado español tiene tratados internacionales comerciales y con los que en ningún caso a nivel institucional va a reconocerles que ejercen violencias internas. Es por eso que es una magnitud global, cotidiana y por ello debe dársele a la cuestión antirracista una posición protagonista y prioritaria en las luchas sociales, no por una razón individualista, sino porque es una violencia global, con consecuencias letales diariamente. Son indispensables las relaciones entre las diversas situaciones del Sur global, y la denuncia de estas violencias en el primer mundo.
Para ver la sesión 4 en nuestro canal de youtube pulsa aquí.
CNT Comarcal Sur Madrid
