Se cumplen tres décadas de la aprobación de la Ley General de Sanidad y determinados sectores de población siguen recibiendo asistencia sanitaria en centros privados a cargo de fondos públicos; lo que es curioso, ya que es indudable que los centros de la “red estatal”(1) además de asumir todo tipo de problemas, tienen mejores resultados de calidad, mientras que los centros privados se especializan en lo rentable, eludiendo tratar lo complejo o caro.
Sin embargo, más de 8 de cada 10 funcionarios eligen cada año renunciar al sistema estatal de salud y ser atendidos por empresas privadas (para no tener que sufrir las listas de espera de la sanidad estatal), por lo que Hacienda paga unos 1.500 millones de euros cada año, pese a que estas compañías no disponen de determinados servicios especializados o no atienden directamente en localidades menores de 20.000 habitantes, en cuyo caso su atención es asumida por la “red estatal”. De esta forma, Muface (funcionarios), Mugeju (jueces) e Isfas (ejército y policía) suman unos 2 millones de pólizas, el 6 % de la población, cuya asistencia sanitaria es prestada por compañías privadas (Adeslas, Asisa y DKV Seguros, fundamentalmente).
Por si no fuera suficiente, poco a poco se va destapando que todo tipo de políticos y sus familiares, han disfrutado durante estos años de seguros médicos privados pagados con el dinero de todos (Canarias y País Valencia).
Otras instituciones del Estado como el Consejo Consultivo de Canarias, las Juntas Generales de Álava, la antigua Comisión Nacional de la Energía, RTVE y el FROB, han tenido, o siguen teniendo para sus miembros y familiares seguros médicos privados pagados con dinero público.
También parece que es interesante tener contentos a periodistas(2) y empleados de TVE con este tipo de privilegios. Así la Asociación de la Prensa de Madrid viene disfrutando de este favor desde 1982, sin que hayan protestado por ello a pesar de disponer de los medios para ello. Situación que quizá pueda explicar el silencio mantenido por la mayor parte de los medios de desinformación madrileños entre 2004 y 2012, cuando el PP, con la inestimable ayuda de colegios profesionales, sindicatos subvencionados y el resto de partidos, privatizaba el sistema sanitario; periodo en el que manifestaciones de más de 30.000 personas no merecieron unas líneas en dichos medios.
En el caso del Banco de España, aunque hayan retirado de su web el concurso (Contratación de una póliza de seguro colectivo de asistencia sanitaria para los empleados del Banco de España en los servicios centrales. 1-1-2016 a 31-12-2019. 17.324.600,16 euros para los cuatro años iniciales. Cobertura de 2.800 empleados y sus familiares), la situación es similar, ya que recientemente han dedicado 17 millones de euros para pagar la asistencia sanitaria durante los próximos 4 años, de 2.800 empleados y sus familiares.
Ni los ayuntamientos se salvan, desde Andalucía al País Vasco, pasando por Baleares o Castilla y León, hay consistorios de todos los colores políticos que coinciden en gastar nuestros dineros para ofertar sanidad privada a sus concejales. Otros ayuntamientos de la “teórica izquierda”, como es el caso de Rivas Vaciamadrid, han mantenido a viento y marea, pese a nuestras quejas, seguros privados para sus empleados mientras predicaban su apoyo a la “sanidad pública”(3). Lo mismo que el de Barcelona, en el que Ada Colau ha mantenido el seguro privado con el PAMEM, que consume 25 millones de euros al año, y que debido a su elevado déficit CiU comenzó a desmantelar; limitándose Colau a continuar en la misma línea, al invitar los usuarios del PAMEM a la integración «voluntaria» en el Catsalut, aunque parece que Barcelona en Común contempla mantener al «staff de gerencia» de PAMEM para que «pueda seguir dando apoyo a los nuevos servicios que pueda ofrecer una vez finalice la actividad de cobertura a los afiliados», lo que por supuesto, crea nuevas interrogantes sobre lo que se pretende.
A treinta años de la Ley General de Sanidad, desde CAS reclamamos:
• Integración de todos los usuarios en una única red y aumento de las plantillas de trabajadorxs. Supresión de todas las redes paralelas.
• Prohibición por ley de cualquier prestación sanitaria privada con fondos públicos.
• Catálogo de prestaciones y de tiempos máximos de espera unificados, independientemente del lugar de residencia.
CAS Madrid
(1) Llamamos centros estatales, en contraposición a los privados-empresariales, a los mal llamados “públicos”, centros mantenidos con nuestro dinero, con personal dependiente de la Administración, pero en los que las decisiones se toman por los gestores y políticos de turno, sin ninguna posibilidad de participación real de pacientes y trabajadoras/es en su gestión.
(2) Durante 34 años, desde 1982 la Asociación de la Prensa de Madrid ha disfrutado de un seguro médico privado pagado con fondos públicos. En diciembre de 2015 el Parlamento de Madrid decidió retirar los 8,6 millones de subvención anual para tal fin y que cese el convenio en diciembre de 2016.
(3) Convenio 2008-2011 Ayuntamiento de Rivas. El artículo 35 del vigente Convenio/Acuerdo Regulador de las condiciones de Trabajo en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el periodo 2008-2011 establece que, “Todo trabajador fijo tendrá derecho a elegir, a cargo del 3 % de Derechos Sociales, entre: Cobertura por la póliza de asistencia sanitaria, que se mantiene con la entidad aseguradora, para él mismo y sus hijos de hasta 14 años o el equivalente en metálico, en caso de renuncia a la póliza.