Estamos ante una crisis sanitaria producida por un virus hasta ahora desconocido. No se trata de una epidemia más. Si nuestro sistema sanitario estuviera mínimamente preparado para afrontarla, seguro que sería menos grave. El problema es que al COVID-19 se le suma el virus del capitalismo que, con sus políticas neoliberales, ha dejado en total precariedad el sistema sanitario que cada año ya quedaba colapsado, en invierno por la gripe, y en algunas zonas del estado en verano por las turistas. Con las plantillas por debajo de las ratios, sin espacios adecuados, ni material sanitario, no es posible atender un pico excepcional de necesidades de cuidados intensivos.
Gobiernos de todos los colores han obviado las más elementales reglas de actuación frente a epidemias. En este momento, no hay manera efectiva de evitar el colapso del sistema, se está produciendo un número inasumible de enfermas que necesitarán recursos de los que no disponemos, pero hay que eliminar al máximo los riesgos de contagio y, por tanto, forzar los mecanismos de prevención. Se deberían de realizar test fiables masivamente (lo contrario es tirar una moneda al aire), sobre todo en los grupos de riesgo (mayores, sanitarias, cuidadores, servicios esenciales, personal en centros de internamiento…) aislar a los positivos fuera de sus domicilios (hoteles u otros espacios) para cortar la transmisión domestica (el confinamiento domiciliario puede estar provocando más contagios) y poner en cuarentena a sus contactos. El sistema sanitario debería minimizar estos riesgos sin pretender ahorrar material. Si ahorramos en guantes, mascarillas y EPIs, nos lo gastaremos en unidades de cuidados intensivos y medicación.
Los protocolos que nos imponen, están más dirigidos a ahorrar que a evitar riesgos. No se puede hacer un protocolo para una residencia de gente mayor donde se dice que no hace falta que las trabajadoras usen mascarillas y que éstas sólo son efectivas si se está diagnosticado y que hay pocas y se han de guardar para cuando se necesiten de verdad. No se puede hacer un protocolo que obligue a las trabajadoras sanitarios a ir a trabajar con síntomas. Estos “protocolos” dan por supuesto que ningúna trabajadora puede ser portadora asintomática cuando tendría que ser todo lo contrario y actuar como si todos lo pudieran ser. Principio de precaución. Algo básico para cualquier humano, pero no para nuestros gestores. Sabiendo que el contagio es posible, ¿lo prioritario es ahorrar material? ¿Con estos criterios vamos a combatir la pandemia?
Está muy bien aplaudir a las sanitarias por su entrega, pero con aplausos no hay suficiente. Hemos de estar atentos al respeto a los derechos de las profesionales y que no tengan que poner en riesgo su vida, la de sus familias y la de las personas que atienden.
Cuando esto pase, no nos olvidemos. Hay culpables y los conocemos. Preparémonos para salir a la calle hasta conseguir la derogación de la Ley 15/97 y de todas las normas que permiten la privatización.
¡Cuidemos a las que nos cuidan!
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