Hoy nos encontramos ante una tragedia que no podemos dejar pasar desapercibida. El asesinato de una integradora social en un recurso de medidas judiciales de Extremadura nos deja un profundo dolor y un sentimiento de impotencia.
La pérdida de esta compañera , que dedicaba su labor profesional al acompañamiento y la rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley, es un hecho que no solo golpea a su familia y compañeros, sino que nos afecta a toda la sociedad.
Esta es una muestra más de las condiciones de riesgo y desprotección en las que, día a día, se encuentran los y las integradoras sociales en su labor.
Es necesario señalar que este crimen no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estructura de precariedad laboral que ha caracterizado, en los últimos años, a muchos profesionales . La privatización de estos servicios y la falta de recursos destinados a garantizar la seguridad y bienestar tanto de los profesionales como de los jóvenes atendidos, ha creado un caldo de cultivo para situaciones como la que hoy lamentamos.
La privatización de la gestión de recursos en el ámbito de la educación social no solo ha precarizado las condiciones laborales de las y los educadores, sino que ha dejado en una situación de vulnerabilidad a los profesionales que ejercen su labor en espacios donde la tensión y el conflicto son parte del día a día. La reducción de personal, la falta de formación continua, y la sobrecarga de trabajo han hecho que muchos centros se encuentren en condiciones lamentables, donde la seguridad de los y las educadoras sociales está constantemente amenazada.
Desde aquí, queremos alzar la voz en solidaridad con la familia, amigos y compañeros de la integradora social fallecida, pero también con todos y todas las trabajadoras del sector de intervención social que, día tras día, luchan por mejorar la vida de los menores que transitan por el sistema judicial. Exigimos que se haga justicia por este asesinato y que no se quede en un hecho aislado. Exigimos que se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, empezando por una revisión exhaustiva de la gestión pública y privada de los centros y resto de servicios, que ponen en peligro su integridad física y emocional.
¡Basta de precariedad laboral en el ámbito de la educación social y el sector de la intervención social ! ¡Basta de privatización que pone en peligro las vidas de los y las profesionales! ¡Justicia para nuestra compañera, y condiciones laborales dignas para todas y todos los profesionales del sector!
