Tras un año de gobierno, las principales promesas sanitarias siguen sin cumplirse.
Un año después de la constitución de los “gobiernos del cambio” en varias comunidades autónomas, la realidad es tozuda: ningún avance concreto en cuanto a reversión de las privatizaciones, silencio en cuanto a establecimiento de incompatibilidades, parálisis en las actuaciones contra Farmafia… y sin embargo, avances en la introducción de la gestión clínica.
El único aspecto en el que ha habido una cierta unanimidad, ha sido en el intento de reintegrar a la asistencia sanitaria a los colectivos excluidos por el RD 16/2012, lo que ha sido contestado por el PP con la interposición de recursos de inconstitucionalidad, que en la práctica han paralizado su aplicación.
Se dan dos escenarios, uno en aquellos territorios en los que el existen “gobiernos del cambio”, conformados con el apoyo de Podemos (Castilla La Mancha, Aragón, País Valencia, Baleares, Extremadura) y otros en los que los pactos de gobierno son diferentes (Catalunya, Madrid).
País Valencia
El Pacto del Botanic establecía la “recuperación del sistema sanitario público. Auditoría de los concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa”, así como “restablecer y ampliar los servicios públicos para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, poniéndolos siempre bajo la lógica del bienestar colectivo y nunca del lucro privado”.
La “nueva política” con la que amenazaban los partidos “emergentes” (aliados con privatizadores de casta como el PSOE), no se ha concretado en nada nuevo. Incluso los escandalosos incumplimientos de los contratos por parte de las concesionarias no han sido suficientes razones para actuar y pasar a manos de la Administración los centros y la gestión de la prestación sanitaria, lo que en el fondo no sería nada más que una medida de corte socialdemócrata, para nada revolucionaria, y que en otros lugares de la UE ya han tomado hace años (Escocia, Francia….).
En la práctica solo se ha iniciado una política tibia de control de los hospitales modelo concesión(1) (hasta entonces inexistente), que no se ha traducido en una mejora asistencial visible, al tiempo que se han hecho vagas afirmaciones de que no se renovará Alzira cuando finalice el contrato en 2008, lo que no es ningún rescate.
El resto de concesiones finalizan entre 2023 y 2025, siendo Denia la única zona donde ha funcionado estos años una plataforma de usuarios y trabajadores, que ha denunciado insistentemente los graves problemas generados por Ribera Salud y DKV. El PSOE ha planteado la posible compra de acciones a DKV, lo que no solucionaría el problema, ya que no supone un rescate, sino la entrada de la Administración en el accionariado, manteniéndose la gestión privada, y por tanto el ánimo de lucro. La presión de esta Plataforma ha logrado que por primera vez la concesionaria haga un plan de vacaciones para garantizar mínimamente la cobertura en los meses de verano, así como la apertura de cerca de 40 camas que llevaban más de tres años cerradas.
Manises, Elche y Torrevieja siguen garantizando suculentas plusvalías a Ribera Salud, sin quebraderos de cabeza, ya que no existe ninguna presión vecinal.
En abril 2016, el pleno de las Cortes Valencianas aprobó una iniciativa que insta al Gobierno a presentar un “Plan de recuperación de las resonancias magnéticas” que incluya un cronograma de actuaciones, con el objetivo de que éstas sean de propiedad y gestión directa de la Consejería de Sanidad, lo que hasta la fecha no se ha producido.
Baleares
En esta comunidad existen dos hospitales de modelo PFI (Son Espases y Can Misses), cedidos a empresas privadas por 30 años, y que en ningún momento está previsto rescatar, aun a sabiendas de que mantenerlos así será más caro para las arcas públicas. El único compromiso era, como en el caso de Valencia, “auditar y vigilar el cumplimiento de los contratos de concesión”.
También se prometió la transformación de los antiguos hospitales públicos de Son Dureta y Can Misses (cerrados para abrir los dos anteriores de gestión privada) en centros socio sanitarios para la atención de pacientes crónicos, lo que no se ha producido, habiendo reconocido el propio Govern que no tiene financiación para poder emprender las obras de remodelación.
Extremadura
La única medida de impacto puesta en marcha ha sido la reapertura de las urgencias rurales cerradas por el PP.
En el resto de las promesas, no han existido avances. Así, prometieron cumplir la ley de plazos a enero de 2016, pero a esa fecha 180.00 personas seguían aun en lista de espera. En mayo de 2016 han iniciado un plan de choque abriendo quirófanos y consultas por la tarde, retribuido como “peonadas” (horas extras), es decir, aplicando las mismas medidas que históricamente han aplicado PP y PSOE.
Respecto al modelo de los futuros hospitales de Don Benito y Cáceres, no hay aún información del modelo elegido, ni fechas de puesta en marcha.
Hay otras medidas prometidas de difícil seguimiento, como la supresión del copago a jubilados, la participación ciudadana mediante los consejos de zona, el fomento para la atención a enfermos crónicos, el fomento de la accesibilidad, o la “despolitización de la gestión sanitaria eliminando cargos políticos en puestos directivos”.
Castilla La Mancha
En esta comunidad se pactó:
– “Paralizar los planes de privatización de la administración pública y creación de un Plan de Recuperación de Servicios Externalizados, para la absorción de aquellos servicios que generan sobrecoste o no estén desempeñando correctamente sus funciones y la revisión de los procesos privatizadores emprendidos a nivel autonómico, encaminada a revertirlos…”
– “Recuperar empleo público en Sanidad mediante la contratación el primer año de 1.000 nuevos profesionales….”
– “Reformar de Ley 3/2014, de 21 de julio, de Garantía de la Atención Sanitaria y del Ejercicio de la libre Elección en las Prestaciones del Servicio de Salud de CLM”.
Respecto a la reducción de la lista de espera, a inicios de marzo de 2016, se había reducido en 1.200 personas, 10 días menos en operaciones quirúrgicas y 5 menos en consultas. La cuestión es sobre cuantos días de demora, ya que con una espera de 8 meses, una reducción de 5 días no parece aportar un cambio cualitativo. Tampoco el dato de 1.200 aislado, aporta gran información.
Ha habido una mejora cualitativa en la información disponible acerca de las listas de espera, dato que raramente estaba disponible en la etapa Cospedal, y que en cualquier caso, no permitía visualizar históricos, solo la información del último mes procesado, y no siempre disponible. De manera empírica, ya que no es posible obtener datos oficiales, podemos decir por la experiencia de nuestros compañerxs, que las pruebas exploratorias se siguen derivando a entidades privadas en un número considerable.
En algunos hospitales se ha aumentado el número de horas de técnicos de rayos (no incremento de plantillas) para reducir las listas de pruebas de imagen, pero al no haber suficientes radiólogos para informar las pruebas, en la práctica lo que ocurre es que la demora se ha trasladado a otro punto.
Respecto al polémico hospital de Toledo, no ha sido hasta abril de 2016 cuando se han retomado oficialmente las obras del nuevo hospital, con un plazo inicial de ejecución de 30 meses, entre las labores de construcción -que ejecutará la UTE de empresas Acciona, OHL y Dragados- y el equipamiento del centro que, en su caso, se licitará a finales de 2016, dando la impresión de que se aplicara el modelo PFI.
Madrid
Se han aprobado PNL (proposiciones no de ley) por parte de PSOE, Podemos y Ciudadanos, en diversos sentidos: “rescatar” el hospital de modelo PPP de Villalba (curiosamente puesto en marcha gracias al PSOE en su día); democratizar la elección de los cargos directivos; no renovación de la gestión de las citas médicas a Indra SA… medidas que han servido para rellenar titulares de prensa y confundir a la población, pero que el PP se ha encargado de no aplicar.
En esta comunidad tenemos que recordar que siguen vigentes todas las privatizaciones producidas entre 2005 y 2012: contratos de concesión a diversas empresas de 11 hospitales por 30 años (la concesiones vencen entre 2037 y 2042), un macrolaboratorio para 1 millón de personas; la extracción periférica sangre, la limpieza de centros sanitarios, etc. El Ayuntamiento de la capital, en manos de Ahora Madrid (Podemos, IU, Equo, Ganemos), mantiene en funcionamiento sin inmutarse la incineradora de Valdemingómez, que afecta a la salud de más de medio millón de madrileños.
Catalunya
El sistema sanitario catalán es mayoritariamente de provisión privada desde el siglo pasado (existen cerca de 70 hospitales privados y solo 8 hospitales de gestión directa), y ha estado históricamente controlado por ex altos cargos de la patronal de hospitales privados. Sin embargo, es curioso que gran parte de los grupos que dicen defender la sanidad pública de Catalunya, incluidos parlamentarios de ultima hora, parecen haber descubierto en los últimos años la privatización, eludiendo abrir el debate sobre la conformación del modelo catalán, o por qué en el momento de las transferencias sanitarias en 1981, ni siquiera la “izquierda del capital” se planteó la “nacionalización” de los consorcios y la creación de una red sin ánimo de lucro.
El nuevo Conseller (Comín, Juntos por el Sí), conocedor de que todo en la política es espectáculo, se estrenó declarando que su prioridad seria “revertir privatizaciones y reducir las listas de espera para diagnóstico al 50%”, o que “desprivatizaría aquellos focos donde operadores privados con afán de lucro han entrado a gestionar partes del sistema público”, es decir, manteniendo las privatizaciones históricas, es decir el 90 % del sistema.
Así, mientras de cara a la galería anunciaba la no renovación (que no ruptura) de los conciertos con dos hospitales privados (Clínica del Vallés y Hospital General de Catalunya), del grupo Quironsalud (antes IDC Salud y Capio), nombraba como máximo responsable del Servicio Catalán de Salud, CatSalut a un “lobbista” de la farmacéutica Sanofi.
En los últimos días, el Conseller hizo nuevos brindis al sol, al anunciar inyecciones económicas para centros de gestión directa (34 millones € para Vall d’Hebron, 47 para Viladecans), así como mas dinero para incrementar la actividad quirúrgica y contrataciones, lo que no va a poder cumplir debido a que el Parlament ha tumbado los presupuestos.
En definitiva, malos tiempos para la sanidad, ya que ni los gobiernos del cambio, fruto de los pactos Podemos-PSOE, han sido capaces de tomar siquiera medidas socialdemócratas, lo que podría empeorar dada la falta de movilización en las calles, y viraje hacia el centro derecha de Unidos Podemos en su afán por atrapar votos de todas las ideologías, lo que se ha traducido entre otros hechos en la desaparición de la derogación de la Ley 15/97 en su programa electoral.
CAS Madrid
(1) Alzira, Manises, Torrevieja, Elche.