Las trabajadoras de la Coordinadora de Intervención Social, de las secciones sindicales en los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, en Equipos de Calle-G5 y en CAI-G5 declaramos nuestra firme oposición a los desahucios, no solo cuando afectan a las familias más vulnerables, sino en cualquier caso en que el desahucio sea una herramienta al servicio de la especulación inmobiliaria. La vivienda es un DERECHO, no un artículo de compraventa para enriquecer a unos pocos. El despojo de un hogar, bajo el pretexto de la especulación, es una violencia directa contra la dignidad humana.
Nos alineamos con la postura del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que denuncia la especulación inmobiliaria como un sistema que no solo roba hogares, sino que perpetúa una estructura social profundamente desigual. Este sistema alimenta la precarización y la exclusión dejando a millones de personas sin acceso a un techo digno, condenándolas a vivir en la calle o en condiciones indignas. La especulación no es solo un ataque a la justicia social, es un atropello a los derechos humanos.
Desde la intervención social, además, sufrimos una precariedad estructural que no solo hace más difícil nuestra labor, sino que la convierte en insostenible. Las trabajadoras de lo social del ámbito público (ya sea desde empresas privadas que trabajan para la administración o desde los Servicios Sociales municipales) vivimos en un sistema que nos oprime: contratos temporales o de interinidad, sobrecarga de trabajo, salarios miserables y falta de recursos para la intervención social. Esta precariedad laboral refleja la lógica del capitalismo neoliberal que pretende que las clases trabajadoras, incluso las que se encargan de cuidar y proteger a la sociedad, paguen el precio de la crisis y la explotación. No solo nuestra salud y bienestar se ven comprometidos, sino que esta precariedad limita nuestra capacidad de atención, ahondando en la vulnerabilidad de las personas a las que deberíamos acompañar.
Rechazamos con rotundidad que el sistema nos utilice como piezas de un engranaje que legitima los desahucios. No hemos solicitado ni deseamos el papel que los distintos gobiernos nos han impuesto. No es nuestra labor, ni debería de ser nuestra función en la intervención social, decidir si alguien es “suficientemente vulnerable” para que un juez decida desahuciar o no. Somos trabajadoras sociales, no jueces ni instrumentos al servicio de un sistema que prioriza los intereses de unos pocos sobre la dignidad de las personas. Nuestra función es acompañar, apoyar y ofrecer soluciones que dignifiquen a las personas, no ser parte del aparato que perpetúa la especulación y el despojo.
Nuestra posición es clara: siempre estaremos al lado de las vecinas y vecinos, de las personas más desfavorecidas, y nos opondremos ACTIVAMENTE a los intereses especulativos que destruyen la cohesión social y los derechos fundamentales. No podemos ni queremos ser cómplices de un sistema que utiliza a los y las trabajadoras de la intervención social como piezas en la rueda de desahucios y precariedad.
No entendemos por qué se nos coloca junto al aparato ejecutor de desahucios, al lado de la policía, los jueces y demás actores que contribuyen a despojar a las personas de lo más básico: su hogar. Nosotras estamos aquí para luchar por una sociedad más justa, donde la vivienda sea un derecho inalienable y no una mercancía para el enriquecimiento de unos pocos.
No entendemos ni aceptamos que se nos coloque al lado del aparato ejecutor de desahucios, junto a la policía, los jueces y otras instancias que actúan en defensa de un sistema que despoja a las personas de sus derechos más fundamentales. Nuestro lugar está con la clase trabajadora, con las vecinas y vecinos que luchan por un futuro digno. Nos oponemos activamente a los intereses especulativos que destruyen la cohesión social y los derechos fundamentales. La vivienda no debe ser un negocio, sino un derecho. Y lucharemos, junto a todas las personas que lo necesiten, por una sociedad en la que la riqueza y el poder dejen de estar concentrados en manos de unos pocos.
Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por un futuro en el que se pongan en el centro a las personas, la justicia social y el acceso a una vivienda digna para TODAS. Rechazamos la especulación y la precariedad. No cejaremos en nuestra lucha por un Madrid y una sociedad en los que la vivienda deje de ser un negocio y pase a ser lo que debe ser: un DERECHO para todas las personas.
¡No más desahucios! ¡No más precariedad! ¡La vivienda es un derecho, no una mercancía!
¡Síguenos, contáctanos y participa en la lucha por un Madrid libre de desahucios y especulación
