SESIÓN 2. 23 DE JULIO 2020.
Desde el sindicato CNT–Comarcal Sur Madrid hemos realizado en el mes de julio de 2020 un ciclo de video-debates sobre Racismo Estructural y Sistémico. Tras una primera charla con Juan Jiménez del colectivo Kale Amenge, y Malick del Sindicato de Manteros; mantuvimos una segunda charla para profundizar en esta temática con las compañeras Andrea, de la organización CIEs No, y Edith, de la plataforma Regularización Ya. Aunque el vídeo está disponible para verlo en nuestro canal de youtube, queremos compartiros también esta reseña para quien prefiera acercarse a esta temática a través de una ligera lectura veraniega. No os perdáis nuestras próximas novedades, porque habrá una tercera sesión de esta la temática.
Los CIEs son cárceles de personas migrantes donde la tortura es una práctica habitual y cuyo único delito es no tener los papeles en regla.
CIEs No es una organización estatal, con pequeños núcleos en varios territorios. En Madrid están centradas en el CIE de Aluche. La plataforma funciona desde el año 2013, sin embargo existen CIEs en España desde 1985, por la Ley de Regularización de personas extranjeras en España. Están regulados a través del RD 162/2014, supuestamente sin carácter penitenciario, pero la realidad es otra.
La estructura y tipología de esos espacios como una cárcel, y vigilados por la Policía Nacional, nos indican una realidad diferente. Cualquier persona extranjera que tenga una situación administrativa irregular en cuanto a sus papeles, es susceptible de entrar en un CIE, es decir, supuestamente como medida cautelar se interna en un CIE a personas extranjeras para revisar su situación legal. A un nacional tan solo se le interpondría una administrativa económica, sin embargo a una persona extranjera se le priva de su libertad automáticamente. Pueden estar un máximo de 60 días, porque estés solicitando sus papeles, o estén en trámites en la administración pública.
En España existen siete CIEs, el de Aluche está junto al solar de la antigua cárcel de Carabanchel, y la violación de derechos humanos por parte de la policía es continuada y sistemática. La plataforma CIEs No procura dar apoyo y acompañamiento a las personas encerradas, empoderando a la persona dándole información, ya que hay privación de visitas e información, y muchas veces hay complicaciones por cuestiones de comunicación e idioma. El lenguaje jurídico y el desconocimiento informativo es una forma de violencia más, que acaba por legitimar en las personas extranjeras la situación a la que están sometidas. No saben por qué están dentro, ni qué deben hacer para salir de allí, se les ayuda a exigir su derecho a una defensa. Muchos piensan que serán deportados automáticamente, algunos viven el sufrimiento de llevar muchos años en España trabajando y viviendo, y debiendo demostrar arraigo familiar y cultural social.
Dentro pueden solicitar asilo o refugio, ya que algunos llegan desde frontera directamente. La confusión es total y la incomunicación algo común en los CIEs. Se fuerza desde la administración la dilatación de tiempos premeditada para evitar que salga antes la resolución de petición de refugio que el proceso de expulsión. La policía no solamente juega con la desinformación, sino con un manejo de tiempos en contra de las personas extranjeras. Supuestamente es una medida cautelar para encontrar a una persona en caso de ser expulsada, la realidad es que un 70% no acaban siendo expulsadas, por lo que son encerradas completamente en vano dentro de la lógica jurídica del sistema.
Se reivindica un cierre definitivo de los CIEs, se han cerrado con la Covid-19, pero se está solicitando que no se reabran nunca más. Viven en celdas hacinadas, sin actividades e incluso se habla de peores situaciones que en un centro penitenciario. Ante la no garantía de salud en el interior de los CIEs se consiguió este cierre provisional tras varias presiones en pleno Estado de Alarma. Los internos de Aluche no tenían información, pero les llegaron noticias de que en el exterior estaba propagándose una pandemia, ante síntomas leves de cualquier patología, tan solo se les suministran ibuprofenos. Los internos se amotinaron ante esta situación y subieron a la azotea del CIE de Aluche, exigiendo su derecho a la salud para protegerse. El detonante para cerrar CIEs no fue este, sino el cierre de fronteras, al quedar inhabilitado ese movimiento forzado de expulsión, el Estado no le queda otra más que liberar a las personas extranjeras que estaban supuestamente encerradas para tal fin. El 24 de marzo se anuncia que los CIEs serían desalojados, en cambio el 6 de mayo fueron oficialmente cerrados, nuevamente una dilación en el tiempo excesiva.
Muchas personas son identificadas por sus rasgos o su color de piel, algunos llevan años trabajando y en este proceso pierden su trabajo al ser encerradas, su nivel económico se derrumba y algunas familias enteras quedan en peligro de pobreza y a merced del asistencialismo. Las mujeres dentro tienen una discriminación doble en temas como por ejemplo la menstruación y una higiene saludable.
Desde el punto de vista legal y estatal, resultan espacios completamente ineficaces; desde la legitimidad suponen espacios de tortura y contra los derechos humanos. Es necesario tejer redes para trabajar con otros colectivos. El derecho a migrar de los seres humanos debe quedar garantizado. No hay cifras oficiales sobre plazas de CIEs en España, no se sabe cuánta gente exactamente es internada. No tienen una ocupación total, se habla de 60% de ocupación. Esto concluye por qué el racismo y la discriminación no es particular, es institucional.
La necesidad de la regularización para evitar discriminaciones y desigualdades criminales por parte del Estado español.
La Plataforma Regularización Ya nace como una campaña social en abril de 2020 en plena emergencia sanitaria de la Covid-19, convertido en movimiento a nivel estatal. Es una autoorganización de activismo político, y una construcción en red de personas individuales o colectivos antirracistas. Mantienen que la defensa de los derechos nacen de la igualdad de condiciones de vida, independientemente de su origen o su color de piel. Señalan las políticas estructurales de toda la sociedad, que van de la mano del racismo, la violencia y las opresiones. Denuncian políticas de expulsiones, y de discriminación perpetuadas desde el cuerpo legal del Estado. Una persona sin papeles cada vez que ve un policía siente miedo, terror y vive en continuada tensión y sobresalto de ser identificada en cualquier situación social. Es un machaque psicológico insostenible, vivir eternamente bajo la espada de Damocles. La explotación y el abuso por el que pasan algunas personas extranjeras durante años es también constante, debiendo conseguir un contrato de trabajo indefinido y de cuarenta horas semanales hasta su regularización.
Muchos compañeros manteros viven en este estado de continuada tensión y se les arrebatan sus mercancías que tanto les ha costado conseguir, muchas trabajadoras sexuales se ven acosadas por parte de la policía, a parte de muchas otras violencias patriarcales que sufren. Las citas de empadronamiento o regularización se dilatan, y se genera un mercado negro de venta de empadronamientos por parte de particulares que sacan un beneficio de esta situación desesperante. Ese trámite da acceso a la sanidad, al abono de transportes, a cuestiones básicas sociales. Durante la pandemia las situaciones de personas extranjeras se vieron amenazadas a muchos más niveles, porque partían de una desigualdad social ya previa. A las personas migrantes se les excluye de la posibilidad de sentirse parte de esta sociedad.
Esta plataforma nace para otorgar estos derechos humanos y dignidad a las personas migrantes. Supuestamente España tiene firmada la Carta Internacional de Derechos Humanos, que asegura la libertad de movimiento y migración en cualquier parte del mundo, así como la petición de asilo y refugio. Los colectivos migrantes están vulnerabilizados por las situaciones de desigualdad a las que están sometidas, no son vulnerables como personas, sino que se les arrastra a situaciones de vulnerabilización.
La violencia contra temporeros en territorios como Huelva ha quedado retratada en estas pasadas semanas. Han sido señalados, rechazados en el marco de esta pandemia, e incluso quemaron su campamento; campamentos donde están alojados en chabolas sin agua, ni electricidad. Los jornaleros migrantes llevan una lucha de resistencia en Lepe, exigiendo soluciones, y un lugar seguro donde quedarse. En muchos casos sus documentos se han quemado, y para demostrar sus condiciones de regularización deben trasladarse a Madrid, donde están las instituciones para tales trámites burocráticos. Miles de migrantes quedan completamente fuera de cualquier clase de protección, al contrario, se mantiene una estructura racista y políticas de discriminación continuada. Se sigue esclavizando a personas migrantes con políticas concretas, las palabras de los gobiernos afirman la tendencia a la inclusión y el antirracismo, pero sus acciones muestran todo lo contrario. El tránsito en el espacio público es un riesgo continuado a sufrir cualquier agresión policial y maltrato para personas migrantes. Esta red estatal se construye para exigir una posición social incondicionalmente antirracista de palabra y de hechos.
Para ver la sesión 2 en nuestro canal de youtube pulsa aquí.
CNT Comarcal Sur Madrid
