El jueves pasado la Comunidad de Madrid abrió el plazo para pedir las becas a comedor del curso que viene. Al ya conocido aumento de las tasas de más de un 12% anunciado por el Gobierno justo después de las elecciones, nos encontramos con el anuncio de la posible externalización de la gestión de estas becas en manos privadas.
La puerta abierta a esta externalización la encontramos en el artículo 17.2 del BOCM publicado el pasado 29 de mayo. En dicho texto se puede que la Consejería de Educación podrá contratar con una empresa los trabajos necesarios para colaborar en la gestión de los pagos a las familias adjudicatarias de estas ayudas. Estas empresas, llamadas eufemísticamente colaboradoras, solo tendrán demostrar una solvencia económica y financiera así como técnica y profesional, signifique lo que signifique tal cosa, para establecer un contrato administrativo con la Consejería.
Estas empresas solo se verán obligadas a presentar un informe final en el plazo de tres meses tras finalizar el curso en el que señalen la cuenta justificativa detallada del destino de los fondos, así el importe total de los pagos realizados a cada uno de ellos, los no realizados, su justificación y la liquidación final, pagos que recibirán con carácter de anticipos trimestrales a cuenta, sin exigencias de garantías de ningún tipo.
Esta externalización (que no es la primera que realiza este Gobierno, recordemos el menú Telepizza durante el confinamiento) en el servicio de Becas de Comedor es claramente otro paso más en el intento de privatización de la educación pública madrileña, y otra vuelta de tuerca más en la política neoliberal contra las clases más precarizadas de nuestra sociedad, puesto que, al alza de tasas ya comentada, hay que añadir la insuficiencia, tanto en cuantía como en posibles beneficiarios de estas ayudas, que solo alcanzan al 8% del alumnado, cuando la tasa de pobreza infantil alcanza al 15% en esta comunidad, que además de parciales, se atienen a unos criterios muy estrictos y restrictivos para acceder a su concesión por motivos de renta.
Desde CNT Comarcal Sur Madrid queremos mostrar nuestro total rechazo a este nuevo ataque a la educación pública madrileña, así como insistir en la necesidad de defender los servicios públicos universales y de calidad frente a estas medidas privatizadoras que repercuten una vez más en la clase trabajadora y popular.
CNT Comarcal Sur Madrid
