NOTA DE PRENSA – 30/03/2021
• Abogadas especialistas en el sector y trabajadoras de hogar y cuidados han puesto de manifiesto las consecuencias de la crisis socio-sanitaria y las reformas legislativas pendientes en el sector
• Las empleadas de hogar siguen siendo el único grupo de asalariadas que no tienen reconocido el derecho a la prestación por desempleo
• El reconocimiento de condiciones de trabajo justas y plenos derechos de las más de medio millón de trabajadoras de hogar y cuidados no admite más demoras
Madrid, a 30 de marzo de 2021 – Con motivo del Día Internacional del Empleo de Hogar, desde la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid se ha organizado un conversatorio para abordar la situación de las trabajadoras de hogar y cuidados.
Durante el estado de alarma, las trabajadoras de hogar y cuidados fueron consideradas personal de servicios esenciales al ocuparse, gran parte de ellas, de mantener el bienestar de las personas mayores o en situación de dependencia en sus domicilios en un momento de alto riesgo, siendo además la alternativa al ingreso de las personas mayores en los centros residenciales tan golpeados por la pandemia. Sin embargo, las condiciones laborales de este sector se han visto aún más deterioradas con el avance de la crisis sanitaria, siendo uno de los más golpeados en 2020.
Como explica Ana Bosch, abogada de Pueblos Unidos, “el panorama es muy similar en lo que respecta a la ocupación del sector del empleo de hogar y el contexto actual ha agravado aún más la situación”. Según Bosch, “nos encontramos ante un sector económico muy desprestigiado, abocado en muchas ocasiones al trabajo informal y a la economía sumergida y, por tanto, con un alto grado de desprotección, no solamente de los derechos laborales, sino de vulneración de derechos humanos, provocando grandes desigualdades en perjuicio de las trabajadoras”.
Esta situación, además, afecta de manera singular a las personas en situación administrativa irregular, quienes “se encuentran con una mayor desprotección, ya que no cuentan con un permiso de residencia y trabajo y a ellas se le aumenta el miedo, no sólo a ser despedidas, si no a ser detenidas y expulsadas del país”, explica Bosch.
Las medidas aprobadas por el Gobierno “para garantizar que ninguna persona se quedase atrás” han resultado particularmente insuficientes en este ámbito, e incluso se han dado retrocesos:
• Los derechos de las trabajadoras de hogar (el 96% son mujeres) aún no están equiparados con los del conjunto de los trabajadores y la integración del sistema especial de Empleo de Hogar en el régimen general de la Seguridad Social ha sido retrasado por tercera vez en diciembre pasado.
• El subsidio extraordinario por cese o reducción de actividad aprobado durante el Estado de alarma no ha llegado a cubrir ni a un 10% de las trabajadoras y hemos vuelto al punto de partida: seguimos siendo el único grupo de asalariadas que no tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo.
• La campaña puesta en marcha recientemente por la Inspección de Trabajo para regularizar los salarios y cuotas de la Seguridad social no ha tenido en cuenta la realidad de nuestro sector: jornadas con mayor parcialidad (cuatro veces más que en el resto de sectores laborales); altas tasas de informalidad (hay al menos a unos 200.000 empleos sin contrato de trabajo, alrededor de un tercio del total) o la situación administrativa irregular de muchas de las trabajadoras que con sus trabajos precarios sostienen un sistema de cuidados claramente insuficiente y desequilibrado.
Pilar Gil, trabajadora de hogar y activista por los derechos de las trabajadoras, ha incidido en que esta situación se debe a una ausencia de voluntad política. Según Gil, “las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras de hogar, en particular las internas, no ha cambiado en los últimos años”, y afirma que “es muy triste que con todo lo que ha evolucionado la sociedad, las trabajadoras de hogar sigan en las mismas condiciones de desprotección. Tenemos que arrancar por la fuerza lo que nos pertenece por justicia”.
Por su parte, Rafaela Pimentel, integrante de Territorio Doméstico, ha denunciado que las condiciones del sector deben cambiar: “No podemos seguir así, tiene que haber voluntad política porque nosotras ya estamos organizadas”, y añade: “Nosotras estamos luchando, pero esto no es una cuestión solamente de trabajadoras de hogar. La sociedad se tiene que involucrar para que no nos quedemos solas”.
Por todo ello, desde la Plataforma se incide en la necesidad de abordar todas las complicaciones que genera la falta de reconocimiento de derechos para las trabajadoras de hogar y que afecta a las cerca de 600.000 trabajadoras a nivel estatal, muchas de ellas que no tienen aún equiparados sus derechos, que viven situaciones de precariedad, y de gran desigualdad y discriminación.
Es imprescindible la dignificación y profesionalización del sector, y para ello resulta fundamental respetar criterios básicos como los salarios conforme a la Ley vigente o el
reconocimiento de la carga horaria y las múltiples tareas realizadas por las trabajadoras de hogar y cuidados. El reconocimiento concreto y efectivo de condiciones de trabajo justas y plenos derechos de las más de medio millón de trabajadoras de hogar y cuidados no admite más excusas, parches, ni demoras.
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