El 12 de mayo, después de seis meses de negociación entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos mayoritarios y la CEOE, se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 9/2021, conocido coloquialmente como Ley Rider. El objetivo de esta es, según la misma norma, “garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales” pero, sin embargo, el colectivo Riders x Derechos y algunos sindicatos, como Intersindical Valenciana, la Intersindical Alternativa de Catalunya o la CGT, consideran que la ley es insuficiente y no responde a muchas de sus reivindicaciones. “Ha sido un poco decepcionante, teníamos bastantes esperanzas, pero al final se limitó a afirmar la relación de laboralidad entre empresas y riders, lo que ya se había dicho en los tribunales”, lamenta Carlos Iglesias, portavoz del colectivo Riders x Derechos en Valencia. La ley implica que el colectivo de riders tendrá “presunción de laboralidad”, es decir, por defecto se considerará que existe relación laboral entre las plataformas y las repartidoras en lugar de ser consideradas autónomas, pero “esto ya estaba contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, el cual establece que si tú prestas un servicio por cuenta de otro a cambio de una remuneración, se entiende que eres un trabajador por cuenta ajena, por lo tanto la ley no implica ninguna novedad y de hecho sólo habla de presunción, ni siquiera lo afirma rotundamente”, explica Nacho Parra, abogado de Intersindical Alternativa de Catalunya. “Lo que siempre hemos defendido es que realmente la ley está muy clara y lo que hace falta es que se aplique“, declara Nuria Soto, portavoz del colectivo Riders x Derechos en Barcelona.
En los últimos cuatro años se han sucedido diversas movilizaciones del colectivo de repartidoras (riders, en la jerga de este sector laboral), tales como concentraciones, manifestaciones y jornadas de huelga en contra de la situación irregular en que trabajaban, las que a pesar de ser consideradas autónomas y tener que pagar las cuotas correspondientes, no cumplen los requisitos para serlo, ya que no tienen capacidad de decisión sobre los precios, horarios o clientela, por lo que se consideran “falsos autónomos”. Según estimaciones de la Intersindical Valenciana, actualmente, en España, hay más de 18.000 riders trabajando como falsos autónomos, lo que ha generado que las empresas se hayan ahorrado una cantidad de unos 26 millones de euros cuotas a la Seguridad Social.
A raíz de esta situación, muchos trabajadores denunciaron a las empresas, lo que desembocó en varias resoluciones de las inspecciones de trabajo y 47 sentencias judiciales favorables a los riders. Finalmente, en septiembre de 2020 y el pasado mes de mayo, respectivamente, dos sentencias del Tribunal Supremo concluyeron que existe relación laboral entre repartidor y la empresa, en el que han sido las primeras sentencias que se aplican a todo el colectivo y no sólo individualmente. De modo que la “presunción de laboralidad” que otorga la nueva ley “ya había sido ratificada en los tribunales y, por tanto, la ley no aporta ningún elemento nuevo”, explica Parra. Y añade que “es una ley de cara a la galería, para poder decir que han conseguido que los riders sean trabajadores, pero no es así, lo serán gracias a la acción colectiva, sindical y jurídica que ha llevado a cabo el colectivo”, concluye. Asimismo, tanto el colectivo como los sindicatos consideran que la solución debe pasar por una mayor contundencia de la administración ante las empresas para que cumplan el Estatuto y las sentencias judiciales, dotando de más recursos y personal a la Inspección de Trabajo, agilizando el sistema judicial y endureciendo las sanciones a las empresas que incumplen la ley. “Si realmente se aplicasen las multas que se pueden aplicar, les empezaría a salir menos a cuenta saltarse la ley”, opina Soto.
Una ley que no cubre las reivindicaciones del colectivo
Una de las principales denuncias sobre esta ley es que sólo afecta al colectivo de riders, a pesar de que el modelo de falsos autónomos y de lo que se conoce como uberitzación (a partir del modus operandi de la gestora de servicios de transporte de pasajeros Uber) afecta a más sectores, como el transporte (taxis), la enseñanza extraescolar (clases de repaso, idiomas, música …), y varios servicios (limpieza, mantenimiento, encargos …). “Es un error legislar para un colectivo en concreto, tratar de dar soluciones individualizadas a problemas que tienen una dimensión mucho más amplia, cuando la problemática de los falsos autónomos está mucho más extendida”, opina Parra. Según datos estimados por Riders x Derechos, actualmente en España hay unas 6.000 plataformas de este tipo con problemáticas similares. “Nosotros lo que planteamos cuando nos reunimos con la ministra era que se hiciera una aclaración del Estatuto de los Trabajadores, donde se dijera que la herramienta tecnológica será considerada también herramienta, por lo que se aplicaría la ley no sólo a los riders, sino a todos los sectores con falsos autónomos”, explica Soto. “Tenemos que evitar que el resto de sectores pasan por el mismo, porque esto no es un problema sectorial, sino un modelo económico”, añade.
Otra de las reivindicaciones del colectivo Riders x Derechos que no se ha visto reflejada en la ley es la regularización de sus condiciones laborales mediante un convenio, o bien la inclusión del colectivo en el convenio de transportistas. “Actualmente, se nos aplica el de mensajería, el de hostelería o el de pequeño comercio, según les convenga, los cuales son más precarios”, asegura Iglesias. “Por ejemplo, en el de mensajería es el trabajador quien tiene que poner su propio vehículo, así que tal vez dejaremos de ser falsos autónomos, pero seguimos pagando por el vehículo”, añade. Asimismo, desde el colectivo denuncian que la ley entrará en vigor el 12 de agosto, “cuando no hay casi demanda y la mayoría de sindicatos y abogados están de vacaciones, por lo que dejan a la clase trabajadora totalmente desprotegida“, denuncia Soto. Además, considera injustificable dar tres meses más a las empresas. “Se les ha dado ya muchísimo tiempo, y ahora tienen tres meses más para buscar maneras de saltarse la ley, que es lo que ya estamos viendo”, añade.
El único aspecto de la ley que tanto colectivos como sindicatos consideran nuevo es la obligación de las empresas de informar a la representación legal de las trabajadoras sobre los detalles del algoritmo que organiza y asigna los repartos a las riders, aunque “no han concretado qué información se facilitará, en qué formato y periodicidad, etc., es muy ambiguo”, declaran desde la Intersindical Valenciana. “En este punto es donde las empresas se muestran más impermeables, se han negado desde un inicio a facilitar el acceso al algoritmo y al que sepamos qué variables utiliza la empresa”, declara Soto. Según explica Parra, aunque las empresas siempre dicen que el algoritmo distribuye los pedidos sólo en función de la distancia a la que se encuentra el repartidor, “es evidente que esconde discriminaciones muy claras”. Parra destaca un caso de 2017 en el que un grupo de riders de Deliveroo enviaron una carta a la dirección exigiendo derechos, y desde entonces se vio reducido el número de pedidos que los entraban. El caso se llevó a juicio (sentencia 193/2019 del Juzgado Social de Barcelona), en el que se sentenció que había habido discriminación por parte de la empresa.
Las empresas buscan vías alternativas a la contratación
Desde la sentencia del Tribunal Supremo, así como la creación de la ley, las empresas de reparto han estado explorando vías para cumplir la ley sin tener que contratar directamente a las riders, tales como creación de cooperativas de autónomos, o la externalización de la contratación a través de empresas externas. “Como siempre, cualquier externalización implica más precariedad, los sueldos serán inferiores de lo que podrían ser si los contrataron de forma directa”, declara Parra. Asimismo, denuncian que se podría producir una cesión ilegal de trabajadoras, ya que la actividad no la dirigirán las empresas subcontratadas, sino que lo seguirán haciendo las plataformas. “Si las empresas siguen esta vía ilegal, tendremos que volver a iniciar un período de procesos judiciales, que a saber cuánto durará …”, lamenta Soto. Por su parte, Iglesias opina que “de esta manera, serán las empresas externas las que explotarán los trabajadores sin perjudicar la imagen de la plataforma”, declara. Sin embargo, considera que “la parte positiva de esta situación es que puede plantear un escenario que facilite la lucha del colectivo, ya que, al ser considerados trabajadores, tendremos derecho a sindicarnos y organizar huelgas, lo que es muy complicado como autónomos”. Asimismo, espera que suponga un aumento de la unión entre trabajadoras, ya que “hasta ahora no éramos compañeros sino competidores. Si tú haces huelga, el otro podía aprovechar para quedarse con tus pedidos. Esperamos que esto vaya cambiando y ahora vamos todos a una “, añade.
Por otra parte, la ultraderecha ha aprovechado la situación de crispación que está generando la ley para extender su discurso entre los riders, lo que ha desembocado en que el 10 de junio unas cincuenta personas, entre las que se encontraban miembros de Vox, de su sindicato afín Solidaridad y asociaciones vinculadas a las empresas, se concentraron frente al Congreso español en contra de la ley. “Están extendiendo un discurso de miedo diciéndoles que si defienden esto se quedarán sin trabajo. Esto es lo que ha hecho siempre el sindicalismo amarillo”. Sin embargo, considera que “son un movimiento que no representa a la clase trabajadora, sino los intereses de la patronal”. Y añade que “el hecho de que salgan 50 riders de Vox decir: ‘Quiero seguir siendo autónomo’ es del todo irrelevante en un conflicto de esta envergadura”.
Las riders migrantes, doblemente precarizadas
A la precariedad en que trabajan las riders se suma el hecho de que una gran parte del colectivo está formado por personas migrantes en situación administrativa irregular, las cuales forman, según estimaciones del colectivo Riders x Derechos, más del 70% de los riders. Según explica Iglesias, estas personas no pueden abrirse una cuenta directamente en la aplicación, por lo que se ha ido desarrollando un sistema ilegal de alquiler de cuentas por parte de algunos usuarios, los cuales se abren varias cuentas en diferentes empresas y las alquilan a terceros a cambio de quedarse con un porcentaje de las ganancias que puede llegar al 30%. “Esto ha generado una jerarquía entre grupos de riders privilegiados, que facturan hasta 3.000 euros, frente a otros que en facturan 400”, denuncia Iglesias. “Esperamos que con todo esto esta desigualdad vaya desapareciendo, pero somos escépticos, porque seguirán haciendo trampas y saltándose la ley”, predice. Asimismo, explica que la nueva ley genera inseguridades entre los riders en situación administrativa irregular, que temen perder el trabajo, por eso opina que, “no se puede regular el sector sin regular la situación de los migrantes, que es una de nuestras reivindicaciones”, añade Iglesias. Por su parte, Soto opina que “la culpa de que muchos repartidores se puedan quedar en la calle ahora mismo es de las empresas, las cuales, por no tener gastos de contratación ni de seguridad social, han crecido por encima de sus posibilidades, y esto tiene consecuencias y deben responsabilizarse”, concluye.
Por otra parte, desde el colectivo exigen que las empresas cumplan la ley de prevención de riesgos laboral y garanticen la seguridad de las riders, aunque estén en situación irregular, así como que se hagan responsables de los accidentes e incluso muertes como la de Pujan Koirala en 2019, quien trabajaba a través de una cuenta alquilada. “Estas personas están generando un beneficio a las empresas y por lo tanto se tienen que hacer responsables de ellos”, considera Soto. “¿Cuántas personas se han quedado sin brazo o sin pierna y no han recibido ninguna indemnización? Con esta ley se ha hecho un “borrón y cuenta nueva” cuando realmente deberían pasar muchas cuentas a muchas empresas “, denuncia Soto.
Publicado en La Directa (17 Junio 2021) por PAU BELTRÁN
Traducción por Grupo de trabajo de Acción Sindical – Comarcal Sur Madrid
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